El Gobierno de Chile firmó un protocolo de acuerdo con la Mesa del Sector Público (de la cual la Confederación FENATS Unitaria es parte) y la CUT para revisar el proyecto de ley que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL). El documento de trabajo cuenta con la rúbrica del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Salud, Ximena Aguilera y el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. Este compromiso busca fortalecer el diálogo social como herramienta para defender y optimizar este derecho, abordando su uso responsable y previniendo irregularidades.
La mesa de trabajo, una iniciativa clave del protocolo, se ha establecido con el objetivo de analizar exhaustivamente el funcionamiento del SIL tanto en el sector público como en el privado con importantes consideraciones planteadas por los gremios que componen actualmente la Mesa del Sector Público y que -recientemente- se habían expresado en contra del proyecto de ley a través de diversas iniciativas.
En el texto, las partes se comprometen a revisar las propuestas existentes para garantizar un uso adecuado del beneficio, evitando abusos y mejorando la atención a las necesidades legítimas de los trabajadores. El enfoque se centra en conciliar el rol del subsidio como un beneficio de seguridad social con un uso responsable, buscando medidas que mejoren las condiciones laborales y prevengan el fraude.
Un aspecto importante del acuerdo es el plazo de trabajo de tres semanas, durante el cual el Gobierno se compromete a no acelerar el proyecto de ley en el Senado. Las conclusiones de esta mesa serán traducidas en indicaciones al proyecto, las cuales se presentarán al Congreso Nacional después del feriado de Fiestas Patrias.
Además de abordar el SIL, las partes han acordado fortalecer, de forma paralela, las instancias de probidad en el sector público, como la creación de un código de ética del Estado y la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP). Este compromiso reafirma la voluntad de mantener un diálogo permanente y transparente, con el fin de alcanzar acuerdos que beneficien a toda la sociedad y refuercen la colaboración entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores.